El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de 13 de marzo de 2019, relativa a la sujeción al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios, supone un cambio de criterio (y quizás un punto de inflexión) respecto del que la Dirección General de Tributos (DGT) mantenía cuando se modificaban cláusulas financieras que no suponían una alteración de la garantía hipotecaria. Leer